Por: Hazzam Gallego
En el departamento de Norte de Santander, la sombra de la corrupción se materializa en una veintena de elefantes blancos, estructuras incompletas y proyectos críticos que han drenado recursos por un valor de $181.375 millones. La Contraloría General de la República ha identificado y categorizado estos proyectos: siete clasificados como críticos, sumando $141.306 millones, y trece como elefantes blancos, con un costo de $40.069 millones. Este panorama desolador plantea serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para resolver estos problemas, especialmente con un gobernador bajo investigación por corrupción.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el Proyecto de la Reconstrucción del Nuevo Casco Urbano de Gramalote, una iniciativa nacida tras la tragedia de 2010 que desplazó a toda la población. A pesar de los múltiples intentos y procesos contractuales fallidos, y trece años de espera, el Fondo de Adaptación firmó un nuevo contrato en noviembre de 2022, por $16.970 millones, con una entrega prevista para junio de 2024. Actualmente, el proyecto muestra un avance físico del 39,44% y financiero del 23%, una situación que subraya la ineficacia y el desperdicio de recursos públicos.
El mantenimiento de la vía Chinácota-Toledo, otro de los proyectos críticos, ha requerido diez diálogos ciudadanos y una adición presupuestal de $6.162 millones. A pesar de que la inversión total asciende a $19.108 millones, el avance es apenas del 54%. La infraestructura de servicios en la IPS Hospital Sardinata, con una inversión de $8.531 millones, aún no cuenta con las certificaciones necesarias para operar, a pesar de estar casi finalizada. La falta de certificación RETIE y RETILAP impide que la comunidad pueda beneficiarse de servicios médicos adecuados, lo que pone en evidencia la negligencia administrativa. Hoy, la infraestructura del Hospital Sardinata cuenta con un avance físico del 95% y financiero del 92%. La ciudadanía y la Contraloría instan a la Gerencia de la ESE Norte a tramitar las certificaciones correspondientes para poner a disposición de la comunidad los servicios médicos de manera adecuada.
El Parque Gran Colombiano de Villa del Rosario, terminado en julio de 2022 con un costo de $12.900 millones, aunque ya está abierto al público, no ha dejado satisfechos a los habitantes. La decepción es palpable al ver tanto dinero invertido y un resultado que deja mucho que desear. Según el Ministerio de Cultura, la falta de un modelo sostenible de administración ha retrasado su apertura total al público. Este proyecto, que debería ser un símbolo de orgullo y desarrollo cultural, corre el riesgo de convertirse en otro monumento a la ineficiencia y el despilfarro.
La Gerencia Departamental de Norte de Santander, junto con la Contraloría, ha intentado involucrar a la ciudadanía mediante mesas de diálogo y veedurías. Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes frente a la magnitud de la corrupción y la incompetencia que han caracterizado la gestión de estos proyectos. La pregunta que surge es si realmente podemos esperar soluciones efectivas cuando el gobernador del departamento está bajo la sombra de investigaciones por corrupción. ¿Es posible que los responsables de vigilar y ejecutar estas obras tengan el compromiso y la integridad necesarios para transformar estos elefantes blancos en realidades útiles para la comunidad?
Lamentablemente, el silencio de las instituciones que deberían ejercer una vigilancia estricta sobre estos proyectos es ensordecedor. La Asamblea Departamental, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han mostrado una pasividad alarmante. Estas entidades, cuya misión es asegurar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos, parecen mirar hacia otro lado mientras los elefantes blancos siguen creciendo. Su inacción no solo perpetúa la impunidad, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger sus intereses.
Los proyectos como el nuevo casco urbano de Gramalote, la vía Chinácota-Toledo, el Hospital Sardinata y el Parque Gran Colombiano, entre otros, representan no solo un fracaso administrativo, sino una traición a la confianza pública. La ciudadanía de Norte de Santander merece respuestas y resultados, no promesas vacías y estructuras abandonadas. Las administraciones locales deben asumir la responsabilidad de sus acciones y trabajar de manera transparente y eficiente para recuperar estos recursos y devolverlos a la comunidad en forma de servicios y obras útiles.
La existencia de estos elefantes blancos en Nuestro departamento es un testimonio de la corrupción y la mala gestión que han plagado al departamento. Es urgente que las autoridades, bajo el escrutinio constante de la Contraloría y la participación activa de la ciudadanía, tomen medidas decisivas para finalizar estos proyectos. Solo así se podrá restaurar la confianza pública y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y transparente. La lucha contra la corrupción y la ineficiencia no es solo una tarea administrativa; es un deber moral hacia los habitantes de Norte de Santander, que merecen ver sus impuestos transformados en progreso y bienestar, no en ruinas y promesas incumplidas, Aunque la verdad es que con el gobierno departamental que tenemos, la ilusión no es que sea mucha.
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