TERRITORIOS EN JUEGO: EL LITIGIO QUE AFECTA A OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) Y EL CESAR

POR : Hazzam Gallego

Las zonas en conflicto territorial, que incluyen los corregimientos de Aguas Claras, Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen y Mariquita, son el epicentro de esta disputa que afecta profundamente a las comunidades campesinas de la región.

El conflicto limítrofe entre Ocaña y el Cesar, que ha llegado a un punto crítico con la pérdida temporal de territorio (más de 1000 hectáreas) para Ocaña a partir del 10 de mayo, tiene sus raíces en una historia marcada por la negligencia y la falta de acción por parte de las autoridades competentes. Este litigio, que se arrastra desde hace más de dos décadas, ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema de delimitación territorial y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.

Desde sus inicios, este conflicto ha estado plagado de irregularidades y desaciertos. La falta de una defensa efectiva por parte de administraciones anteriores, la ausencia de una respuesta contundente por parte del Congreso de la República y la inacción de las autoridades locales han contribuido al prolongamiento de esta disputa, con consecuencias devastadoras para los habitantes de la región.

El conflicto en cuestión, que se remonta a la instalación de la estación de servicios «Caracolí» por parte del líder liberal Jorge Eliecer Manosalva en el año 2006, ha desencadenado una serie de disputas territoriales que aún persisten en la actualidad. La investigación realizada por el IGAC reveló la existencia de una doble matrícula catastral de numerosos predios (126 aproximadamente) en los corregimientos de Pueblo Nuevo y Agua de la Virgen, lo que condujo a su segregación y anexión al municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar. Esta situación ha generado una profunda incertidumbre y problemas sociales y administrativos en la zona, afectando negativamente la estabilidad y el bienestar de las comunidades afectadas. La reciente decisión de transferir temporalmente el territorio en disputa al Cesar ha generado consternación y preocupación entre las comunidades afectadas, que ven amenazada su estabilidad y su arraigo histórico en la zona. Esta medida, tomada sin consulta ni consenso con los residentes de la región, evidencia una vez más la falta de voluntad política para abordar de manera adecuada este conflicto y proteger los derechos de las comunidades afectadas.

Estación Caracolí, Ubicada en carretera OCAÑA – AGUACHICA

Es imperativo que las autoridades gubernamentales, tanto a nivel local como nacional, asuman su responsabilidad y tomen medidas urgentes para resolver este conflicto de manera justa y equitativa. Es necesario un compromiso real con la defensa del territorio y los derechos de las comunidades afectadas, así como una acción coordinada y efectiva para garantizar una solución duradera a esta situación.

Es incomprensible cómo las administraciones anteriores han pasado por alto una situación de tal magnitud, dejando a estas comunidades en una posición de vulnerabilidad y desamparo. El hecho de que no hayan demostrado ante el IGAC que esos predios pertenecen legítimamente al departamento de Norte de Santander es una muestra clara de la negligencia y la falta de diligencia que ha caracterizado su gestión. Lo que está en juego aquí no son solo territorios, sino también el bienestar y el futuro de poblaciones y más de 3000 mil campesinos históricamente olvidados y marginados, que han sido privadas de oportunidades de desarrollo y crecimiento. Es hora de que el gobernador William Villamizar, el alcalde de Ocaña Emiro Cañizares, y nuestros representantes y senadores, que han estado en gran medida ausentes de este debate, se unan y asuman su responsabilidad en la defensa de estos territorios y en la lucha por el bienestar de sus habitantes. La disputa ahora se traslada a las comisiones territoriales, y es urgente que se tomen medidas concretas para garantizar una resolución justa y equitativa de este conflicto.

Jorge Eliécer Manosalva Durán, propietario de la estación de gasolina Caracolí, donde se generó el litigio limítrofe, le ganó el pleito al IGAC donde los magistrados ordenan la devolución de la carta catastral a Norte de Santander. Sin embargo, se requiere de una acción de carácter general de los otros campesinos para que los predios vuelvan al ente territorial ocañero

El llamado es claro y urgente: es hora de poner fin a la negligencia y la indiferencia que han caracterizado la gestión de este conflicto. Las comunidades afectadas no pueden seguir siendo víctimas de la inacción y la falta de voluntad política de las autoridades. Es hora de actuar con determinación y solidaridad para garantizar la paz y el desarrollo en la región, protegiendo los derechos y el bienestar de todos sus habitantes.